Periódico ABC

Última Hora
  1. Parte del dique flotante 80.000 toneladas propiedad de Huntington Ingalls Industries (HII) que fue vendido a la empresa radicada en Canarias y especializada en el negocio marítimo Palumbo se encuentra en el fondo del mar. Nunca llegará a Canarias. Medía 270 m de eslora y 78 m de manga Esta infraestructura, adelantada por ABC el pasado mes de septiembre, era una de las esperanzas puestas por Puertos de Tenerife a fin de aumentar la competitividad en el negocio de las reparaciones navañes en el Puerto de Granadilla. Se ha hundido. El dique partió de Nueva Orleans septiembre y la previsión era que llegase a mediados de octubre o principios de noviembre a un puerto de Santa Cruz de Tenerife, el de Granadilla. Pero se retrasó. La empresa explicó a ABC entonces que era debido a problemas de seguridad con hurcanes en el Atlántico. La noticia, que adelantó ABC el pasado mes de septiembre, originó que en Canarias se señalase a Palumbo Tenerife Shipyard como su propietaria. La existencia de acuerdos confidenciales impiden a Huntington Ingalls Industries confirmar este dato. Se trataba de una infraestructura construida en 1967 y que estaba cerrada desde 2014. Juzgados y embargo Sin embargo, esta semana el experto canario en información portuaria Juan Carlos Díaz Lorenzo ha informado que: «de las dos secciones que componen el dique flotante de Palumbo Tenerife Shipyard, la segunda se hundió por el camino cuando era remolcado a Tenerife». Por este motivo, el remolcador con bandera de Liberia «De Zhou» «está embargado y detenido en el puerto de Granadilla, desde su llegada el pasado seis de enero. Está en curso una investigación que se mantiene en sigilo y determinará las responsabilidades del caso, que se apuntan millonarias». Díaz Lorenzo afirma en su blog Puente de Mando que se trata de «un asunto muy grave que ha derivado en un lío judicial monumental y que complica los planes de la empresa italiana para su instalación en el puerto tinerfeño». En este espacio tenía proyectado «un importante centro de reparaciones navales y en el que el dique flotante era el principal soporte de su actividad». Este jueves ABC ha intentado ponerse en contacto con analistas financieros que siguen la operación de venta a fin de ofrecer más datos pero no ha sido posible obtenerlos.
  2. Las profundas discrepancias a cuenta de la regla de gasto entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Hacienda aún colean, pese al «armisticio» firmado el pasado diciembre por Manuela Carmena al aprobar un Plan Económico-Financiero (PEF) para 2017-2018 al gusto de Cristóbal Montoro. El límite de gasto admitido por este último PEF para el año pasado estaba en 3.332,10 millones y la cuantía finalmente desembolsada fue de 3.385,75 millones, por lo que el Ayuntamiento incumple en 53,3 millones el Plan pactado. Este extremo volvieron a ratificarlo ayer a ABC fuentes del Ministerio, mientras que la mano derecha de la alcaldesa y primera teniente de alcalde, Marta Higueras, lo negó. Precisamente, fue ella quien junto al delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, se reunió con la secretaria general técnica de Financiación Económica y Local el pasado martes, sin que se diera cuenta de ello en la agenda de la transparencia. Los ediles presentaron al Ministerio la información contable sobre el cuarto trimestre de 2017. En este documento, al que tuvo acceso este diario, el equipo de Manuela Carmena defendía que «cumplen con el objetivo de la regla de gasto» en 83,24 millones; eso sí, con una fórmula que ya les rechazó el Ministerio en 2017. Un argumento que ayer sostuvo, de nuevo, Higueras. «Es una reunión de seguimiento, habitual, normalizada dentro de las relaciones institucionales. En ningún caso hemos incumplido el Plan. Nosotros hemos cumplido el acuerdo», reiteró la delegada, al tiempo que afirmaba que se repetiría la cita. Después, a través de una nota de prensa, el Ayuntamiento admitió que «la liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos 2017 se ha visto notablemente afectada por la reformulación del PEF 2017-2018». Reconocieron, además, que supuso una «drástica reducción del límite máximo de gasto no financiero del Presupuesto, y en consecuencia impidió alcanzar mayores cifras de ejecución». Piden flexibilidad a Montoro El Gobierno municipal volvió a exigir al Ministerio de Hacienda «que la regla de gasto se aplique con mayor flexibilidad a aquellas entidades locales que, como Madrid, han realizado un importante esfuerzo para presentar unas cuentas saneadas, tanto en términos de déficit como de reducción de deuda». «Ante la disparidad de criterio en la aplicación de la regla de gasto, el Gobierno municipal demanda que se dé un trato homogéneo a todos los municipios», reclamaron en la misma nota utilizando como argumento un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) del pasado diciembre de 2017. Mientras la batalla diálectica entre ambas administraciones continúa, si nada lo impide, el Ayuntamiento se enfrenta este año a otro ajuste de más de 500 millones para cumplir con el PEF.
  3. El antiguo jefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero vuelve este viernes a la Audiencia Nacional, en su tercera declaración como imputado por el proceso independentista ilegal. En esta ocasión, el mayor deberá responder a las cuestiones sobre la pasividad de los Mossos en el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre. El actual responsable del cuerpo autonómico, Ferrán López, está citado como testigo, también este viernes, a las once. Las pruebas acumuladas por los investigadores acorralan a Trapero, a quien sitúan en la dirección de «un plan premeditado» para facilitar la votación ilegal, a través de la inactividad de los agentes policiales, que la juez ubica dentro de la estrategia del independentismo para lograr la secesión por los cauces ilegales. «La finalidad inmediata de Trapero en los hechos descritos estaba orientada a facilitar la celebración del referéndum y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España, siendo consciente de que desarrollaba una actuación al margen de las vías legales, desatendiendo el mandato recibido desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en contra de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional», relató la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, la investigadora de la causa contra Trapero, en el auto en el que le citó de nuevo a declarar. El testimonio del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, el coordinador del dispositivo policial del 1-O, relató ante la juez que Trapero preparó una actuación de los Mossos insuficiente y que desoyó los avisos de que la mejorase. En esa resolución, la magistrada imputó un nuevo delito de sedición a Trapero, por esa pasividad de los Mossos el 1-O. Hasta ese momento, el mayor se encontraba investigado por un solo delito de sedición, por el acoso a la Guardia Civil del pasado 20 de septiembre, cuando una masa de manifestantes impidió la salida normal de la comitiva judicial, sin que los Mossos facilitasen su labor. La letrada de la administración de justicia tuvo que salir por la azotea y camuflarse entre el público de un teatro, y tres vehículos oficiales fueron destrozados. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los instigadores de la moviliación, se encuentran en prisión preventiva. El delito de sedición castiga con hasta quince años de prisión a aquellas autoridades que impidan por la fuerza, por medio de un alzamiento tumultuario, la labor de la justicia o los agentes policiales. La magistrada avanza en el último auto que no descarta imputar en el futuro organización criminal al mayor Trapero. Trapero declaró en la Audiencia Nacional, por segunda vez, el pasado 15 de octubre y quedó libre con la prohibición de salir de España. La magistrada acordó esta medida cautelar, igual que la retirada del pasaporte, para asegurar la disponibilidad del mayor ante la justicia, pero rechazó encarcelarle, como solicitó la Fiscalía.
  4. Huelga resaltar la vital importancia para el ser humano de sus cinco sentidos. Ellos son nuestra conexión con el mundo, los que nos informan sobre la realidad y durante millones de años han permitido a nuestra especie sobrevivir y evolucionar. Pero sus maravillosas capacidades son limitadas, por lo que la humanidad ha ido desarrollando sentidos artificiales (sensores) cada vez más potentes, para poder avanzar en la práctica totalidad de su actividad: la ciencia, la defensa, el comercio, etc., llevando cada vez más lejos las fronteras de su ambición. En el ámbito de la vista, el desarrollo de sensores ópticos se remonta a varias centurias. El singular telescopio de Galileo permitió, hace ya cuatrocientos años, probar la teoría heliocéntrica formulada por Copernico cien años antes, lo cual supuso un avance científico extraordinario. Desde entonces se han desarrollado sensores ópticos extraordinariamente avanzados y, en particular, en el ámbito de Observación de la Tierra, se cuenta con satélites equipados con instrumentos ópticos capaces de «ver» con resoluciones de hasta unos 25 cm. Estos sensores, sin embargo, aparte de otras limitaciones, no pueden atravesar las nubes ni funcionar por la noche, por lo que se han desarrollado otros entre los que destaca por sus capacidades el Radar de Apertura Sintética (SAR). Paz es un satélite equipado con un sensor SAR de altísimas prestaciones (disponibles en menos de una decena de países en el mundo). Genera a bordo una onda electromagnética que transmite hacia la Tierra, en la que se refleja, y que recibe, de vuelta, conteniendo la información de la superficie en la que se reflejó, es decir, la imagen, con altísimas calidad (resolución de hasta 25 cm), agilidad (imágenes de un mismo objetivo cada 24 horas) y versatilidad en el tipo de imagen obtenido (tiras, mosaicos o puntos). Aunque la iniciativa para el desarrollo de este satélite partió del Ministerio de Defensa y este Ministerio ha sido, con el apoyo financiero del Ministerio de Industria, su principal promotor y receptor de sus imágenes, las aplicaciones en el sector civil serán también importantísimas en los más variados campos como el caso de la seguridad, la ciencia, la protección del medio ambiente, las fuentes de materias primas, el desarrollo sostenible, la movilidad o los desastres naturales, así como en numerosas aplicaciones comerciales. El sistema Paz se compone de un «Segmento Vuelo», el satélite, que ha sido desarrollado bajo el liderazgo de la empresa Hisdesat y un «Segmento Tierra», de gran complejidad derivada de la altísima capacidad del satélite y desarrollado bajo la dirección del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Organismo Público de Investigación dependiente del Ministerio de Defensa. El Segmento Tierra canaliza las peticiones de los usuarios, planificando la toma de las correspondientes imágenes y controlando el satélite y su sensor SAR para, finalmente, recibir las imágenes y procesarlas, a fin de hacerlas interpretables por el último sensor de la cadena hasta nuestro cerebro, que sigue siendo el ojo humano. También se ocupa de la calibración, validación, archivo, catálogo y diseminación de las imágenes a los usuarios. *Ángel Moratilla es responsable de la subdirección General de Sistemas Espaciales del INTA
  5. Polémica abierta en torno a la ceremonia inaugural de la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de este domingo. Cuando apenas faltan dos días para la apertura institucional del congreso mundial de la telefonía, dos responsables independentistas han anunciado que rechazan acudir al acto inaugural que presidirá el Rey Felipe en el Palau de la Música a raíz de su discurso para pedir unidad tras el referéndum ilegal del pasado 1 de octubre en Cataluña. El primero en hacer público su desplante fue el secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Generalitat, Jordi Puigneró. El responsable aseguró en Twitter que pensaba faltar a la cita «en señal de protesta». «El Rey ha perdido la legitimidad que esperábamos de él» a raíz del discurso y «en consecuencia y en señal de protesta no asistiré al acto inaugural del MWC que él presidirá», publicó en redes sociales. Tras él, el líder municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, anunció ayer que seguirá el camino de Puigneró. «No quiero compartir mesa con la persona que simboliza la represión contra el pueblo de Cataluña», apuntó Bosch, que quiso dejar claro que, a pesar de su gesto por la ausencia al acto institucional del prestigioso salón, «deseo que el congreso sea un éxito, porque Barcelona necesita que sea un éxito para los expositores, visitantes y para la ciudad en su conjunto». El grupo municipal de ERC argumentó en un comunicado que faltarán a la cita por el 1-O y también por «el encarcelamiento sin juicio de personas inocentes». Hace un año, Felipe VI coincidió con el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y en esta ocasión, la primera línea institucional catalana tendría que estar encabezada por el presidente del Parlament, Roger Torrent. A falta de un presidente de la Generalitat, que sigue sin gobierno, Torrent tiene que ser el principal representante autonómico y, aunque fuentes consultadas por ABC no confirmaron ayer todavía su presencia, se espera que sí esté en el Palau. Quien seguro que no fallará es la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Ella, a pesar de haber sido crítica con el discurso del Rey del pasado 3 de octubre, muy próxima a los movimientos independentistas y también contraria en algunos momentos a la celebración de un acto de tanta envergadura como el MWC, estará presente en la cita para defender la capitalidad tecnológica y para continuar con su recién estrenada campaña de promoción de la «marca Barcelona». Además, a diferencia de Bosch, el líder municipal del PDECat en la capital catalana y exalcalde Xavier Trias sí que prevé asistir al acto, a pesar de haber sido muy crítico con el Rey por su discurso del pasado 3 de octubre. Por parte del Gobierno todavía se desconoce qué ministro acudirá al evento institucional. Por cuestión de dedicación podría tratarse del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, aunque no se ha confirmado su presencia. Con esta cita del MWC, el monarca regresa este domingo a Barcelona por primera vez después de seis meses: su última visita fue para ir a la manifestación por los atentados de agosto en las Ramblas y Cambrils.
  6. Esquerra está cediendo en todo salvo en las legalidades; está dispuesta a otorgarle a Puigdemont cualquier papel simbólico que desee si es a cambio de no incurrir en ninguna ilegalidad impugnable. Junts per Catalunya tiene ya asumido que Puigdemont no será presidente. Puigdemont, en cierto modo, también. Pero a cambio quiere tener por escrito atribuciones ilegales que no sólo no tendrá, por mucho que se escriban, sino que el contexto de ilegalidad que supondrá redactarlas retardará el regreso de la normalidad institucional en Cataluña y prolongará la aplicación del artículo 155. Junts per Catalunya da por amortizado a Puigdemont, y tiene tan claro que no será presidente como que las atribuciones «presidenciales» que reclama son imposibles, irrealizables, inaplicables. Pero quiere todavía usarle de espantapájaros para arrollar a Esquerra, para quedarse con las consejerías y direcciones clave que vertebran el Govern. Junts per Catalunya propone a Jordi Sànchez como sustituto de Puigdemont y Esquerra, que considera a Sànchez un buen tipo, con un gran corazón, sabe que no es realista investir a un presidente encarcelado y su modo de decirlo es que en la línea de legitimidad, va antes Junqueras que Sánchez, aunque el juez Llarena no le deje salir de la cárcel ni para que le puedan votar. El círculo más íntimo de Puigdemont lo está vendiendo, tal como la coordinadora general del PDECat le advirtió. Elsa Artadi quiere ser presidenta y Agustí Colomines ha pactado con ella -como en su momento trató de pactar inútilmente con Marta Pascal- ser consejero de Cultura. Artadi, cuando más pronto que tarde llegue a presidenta, se lo concederá. La novia de Colomines, Aurora Madaula, es íntima amiga de Artadi y comparten el alquiler de un piso franco en Barcelona. De modo que mientras todos ellos hacen la parodia del «president legítim», por la puerta de atrás negocian las carteras y las prebendas, dispuestos a negociarlo todo, y por supuesto a Puigdemont, como la torre que ya se sabe que hay que sacrificar para salvar a la reina. Esquerra sabe que el único marco practicable es la legalidad y está dispuesta a entenderse con Junts per Catalunya y con el PDECat para que se pueda formar Govern y Cataluña recupere sus instituciones democráticas. Junts per Cataluña, todo esto, también lo sabe, y en cierto modo, también lo pretende, pero cree que si aguanta en su extorsión a los republicanos, conseguirá mejor resultado: bien en el caso de una repetición electoral; o bien si los de Junqueras se acaban rindiendo a un precio mucho más confortable. La candidatura de Sànchez La candidatura de Jordi Sànchez forma parte de la lógica Puigdemont por su contenido épico, por su simbología, por el afán de seguir colapsando al Estado. Puede que entre la militancia convergente todavía queden muchos ilusos capaces de vivir de la fe en el simulacro, pero desde luego no es la intención real de Junts per Catalunya, que quiere ponerse a gobernar cuanto antes y usa los nombres del forajido y del presidiario con la única intención de arrinconar a Esquerra, de acomplejarla y de acusarla de pensar solo en sus intereses, mientras ellos acumulan todo el poder haciéndose las víctimas de la represión de España. En este sentido, Junts per Cataluña no solo está tratando de imponer a un presidente imposible para forzar una beneficiosa negociación con Esquerra, sino que pretende tener derecho a veto sobre el vicepresidente que elijan los republicanos, para asegurarse de que no tiene capacidad operativa. Por ello Esquerra entiende que un determinado entorno de Puigdemont busca deliberadamente la repetición electoral, al creer que podrían ampliar su ventaja, y que la otra mitad del partido amenaza con esta posibilidad, sin realmente desearla, para acabar de exprimir las ganancias. Hay más farol que discusión real, más farsa que capacidad operativa, más elucubración fantasiosa que escenarios que realmente se puedan practicar. Junts per Catalunya sabe que el tiempo de Puigdemont se acaba, que pronto será inhabilitado, que ante la próxima euroorden del juez Llarena puede muy bien ser que las autoridades belgas le acaben entregando y que, por su puesto, sus pretensiones de atribuciones «presidenciales», como que le pongan por escrito que pese a no ser legalmente «president» podrá nombrar consejeros o convocar elecciones, no solo son ilegales sino que por mucho que se escriban y se prescriban, no podrán constar en ningún documento oficial. Pero están dispuestos a insistir en la pantomima de que le defienden mientras tratan de venderle explotando las ganancias. «El día de la marmota» Las reuniones entre los representantes de Junts per Catalunya (JpC) y ERC siguieron ayer en el Parlament. Como en las últimas semanas, rumores y filtraciones interesadas crearon mal ambiente entre los dos grupos. Al margen del nombre del próximo presidente autonómico, están en juego las consejerías y todos los cargos que se derivan. Sí parece haber acuerdo para que este raparto sea al 50%, pero desde JpC acusan a ERC de hablar mucho de nombres y poco de la «hoja de ruta política», e incluso reconocen a ABC que están en un bucle: «Es un poco el día de la marmota». En ERC aseguran que el acuerdo está más cerca, pero no ceden en que Junqueras sea el sustituto de Puigdemont y piden «generosidad». D. TERCERO
  7. No llegan a trescientos y son ellos, los presos de ETA en España (unos 220 en en este momento) y Francia (en torno a 60), los que van a decidir la disolución de la banda, estrategia anticipada en un documento difundido por Gara en el que dan por concluido su «ciclo y función». «Están creando expectación, preparando el terreno, lo mismo que ha ocurrido siempre, con el alto el fuego, con el desarme... en definitiva a lo que se han visto abocados tras la derrota policial y operativa», explican fuentes de la lucha antiterrorista. Los militantes y la dirección están en prisión, por tanto, el posible debate y la conclusión a la que se llegue se desarrolla en los centros penitenciarios. De hecho, la estrategia en teoría parte también de las cárceles, en concreto de la francesa en la que permanece el último líder, David Pla, detenido por la Guardia Civil en el país vecino en septiembre de 2015 junto a Iratxe Sorzabal. Su sucesor Mikel Irastorza nunca ha llegado a ser considerado jefe: no tiene ni muertos ni atentados a sus espaldas, aunque es el último dirigente de lo que quedaba del aparato logístico de la banda. Interior mantiene la distancia habitual ante este tipo de comunicados publicados por los medios afines, si bien el ministro Juan Ignacio Zoido evidenció ayer la firmeza del Estado de derecho. «Igual que ETA no consiguió nada cuando dejó de matar, no conseguirá nada cuando deje de existir», dijo en la «Ser» frenando con esas palabras cualquier expectativa a los presos y sus familiares. Las fuentes consultadas resaltan la importancia del proceso en las prisiones en varios sentidos: por un lado, el cese de los conflictos. Se acabaron las huelgas de hambre y las acciones reivindicativas después de que se diera libertad por parte del núcleo duro para que quien quisiera cumplir, lo hiciera. Ahora, incluso etarras históricos con muchos muertos en su cuenta piden destinos dentro del centro penitenciario y participan en cursos, trabajan y barren las celdas. «Creemos que esto se extenderá de forma pasiva cuando la disolución de la banda sea un hecho formal», indican fuentes policiales. «De fiasco en fiasco» Las cautelas, con todo, prevalecen. «Llevan 15 años de fiasco en fiasco en términos estratégicos, pero incluso así hay que modular el optimismo», insisten. En este mismo sentido, el experto en terrorismo y director del Centro Memorial de Víctimas, Florencio Domínguez, indicó ayer a Efe que ETA planea mantener una dirección clandestina incluso después de disolverse y concluyó que la disolución de la banda «llega tarde, 858 muertos tarde». «Cuestión distinta es que tengan gente para mantener esa dirección», argumentan fuentes de la lucha antiterrorista que recuerdan que el último icono es Josu Ternera, «sin peso ni influencia y enfermo». Las fuentes consultadas recuerdan que «ETA puede desaparecer pero no desaparecerá la responsabilidad penal de sus miembros ni los que nos encargamos de perseguirlos». Los rescoldos de ETA, como los llaman, esos que dicen que «caben en un microbús» tienen que seguir escondiéndose y vivir de forma clandestina y esa situación no variará pese a que den por acabada su organización terrorista. «No es fácil que mantengan una dirección fuera. Si lo hacen desde luego vamos a estar muy pendientes para impedírselo y ponerlos ante la Justicia».
  8. Ni huelgas de hambre ni algarada El cambio experimentado por los presos de ETA en los centros en los que cumplen condena ha sido absoluto. Se acabaron las huelgas de hambre, como la interminable de De Juana Chaos, y los actos reivindicativos o las celebraciones de atentados. Ahora, incluso etarras históricos con muchos muertos en su cuenta piden destinos y cursos. Bajo el paraguas de los abertzales Arnaldo Otegi no ha podido capitalizar su excarcelación y el fin del «cese de la actividad armada» como preveía. «Sortu dirige la actividad política desde hace muchos años y ahora los rescoldos de ETA se ponen a su servicio», dicen las fuentes consultadas. En el documento difundido se habla de «potenciar el proceso político». Una decena por extraditar Quedan unos 150 terroristas reclamados por España, si bien un centenar están ya en prisión según informó ABC. Entre el medio centenar restante hay algunos en la clandestinidad, otros localizados en países europeos y suramericanos, pero apenas una decena son susceptibles de ser extraditados. Josu Ternera sigue siendo objetivo. Pintadas y acciones, no kale borroka La última memoria de la Fiscalía referida a 2016 señala que siguen los actos de sabotaje de naturaleza diversa, susceptibles de ser atribuidos a grupos o individuos del entorno de ETA, si bien destaca que son de «escasa relevancia». «En puridad ya no existe la kale borroka, solo hay algunas acciones violentas», concluyen fuentes policiales.
  9. ETA envía signos cada vez más nítidos de que su liquidación está próxima. La banda, eso sí, prefiere hablar de cierre de «ciclo», el cual podría producirse antes del verano. En cualquier caso, los criminales admitieron, en una nota remitida al diario Gara, que ha llegado la hora de abandonar el «conflicto armado» y de dejar en manos de la izquierda radical su herencia ideológica. En este punto entra en juego EH Bildu, cuyos líderes asumen que la «desmovilización» es la única salida de una organización totalmente derrotada. La coalición soberanista ve con buenos ojos la apertura de un debate en torno a la desaparición de ETA, proceso que no tiene intención de enfriar. Sobre todo, una vez constatado el fracaso de la izquierda radical en su intento de cambiar privilegios para los presos por avances en su desmantelamiento. A la espera de que el cambio de estrategia surja efecto, el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, subrayó este jueves que el anuncio de la banda es «positivo», y añadió que su formación seguirá «trabajando para que las cosas vayan bien». Hartazgo En el Parlamento vasco, el comunicado de la banda fue recibido con cierta cautela, pues el debate se ha dilatado mucho en el tiempo. Lo cierto es que entre los partidos se ha generado cierta sensación de hastío en torno a ETA, a la que piden que deje a un lado las palabras y comience a dar pasos reales hacia su disolución. De hecho, ni siquiera se realizaron declaraciones oficiales en torno a este asunto, pues ese sería un «gesto» innecesario hacia una organización «derrotada hace mucho tiempo». En estos términos se expresaron fuentes del PSE, que abogaron por que los terroristas «cierren la persiana» de una vez por todas. En la misma línea camina el PP, desde donde apuntaron que lo importante no es «lo que digan o dejen de decir» los representantes de la banda, sino que esta «desaparezca de una vez por todas» y que los criminales «cumplan sus penas de prisión de forma íntegra». Por su parte, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar, consideró en la SER que es necesario que ETA deje de existir para que la ciudadanía vasca pueda al fin «avanzar hacia la paz sin hipotecas».
  10. Las Academias nacionales de Venezuela se han unido para mostrar su rechazo a «la precipitada convocatoria a elecciones presidenciales el próximo 22 de abril, ya expresada por autorizados sectores del país y por numerosos gobiernos e instancias internacionales». En un comunicado conjunto, los responsables de estas entidades declaran que las elecciones son «el mecanismo fundamental de expresión de la voluntad popular», pero añaden que «recurrir a ellas bajo criterios de ilegalidad arbitrariamente impuestos para convalidar la perpetuación en el poder, es inaceptable para los ciudadanos». Su toma de posición coincide con el rechazo a la convocatoria a las urnas expresado este miércoles por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición que integra a los grandes partidos de la oposición, que la considera un «show» y una «farsa electoral». El escrito de las Academias señala: «No podría haber elecciones libres ni justas con presos políticos, con partidos y líderes opositores proscritos, con una autoridad electoral parcializada, con condiciones desiguales de participación, sin un cronograma electoral consensuado, sin un registro electoral confiable, sin libertad absoluta de prensa, con amenazas a la población y sin procurar un genuino ambiente de paz y respeto, todas ellas condiciones que fueron rechazadas por el gobierno en las recientes negociaciones con representantes de la oposición». La ilegalidad de la convocatoria fue analizada en profundidad por la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, que el pasado 15 de febrero de 2018 ya emitió un pronuciamiento al que ahora se adhieren las Academias de la Lengua, de la Historia, de Medicina, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, de Ciencias Económicas y de Ingeniería y el Hábitat. Sus responsables dicen dirigirse a la opinión pública «en este momento trágico de la vida política venezolana». Según el comunicado, «Venezuela atraviesa una situación estructural de múltiples dificultades». A su juicio, resulta «falaz» organizar «un proceso comicial solicitado por un ente ilegítimo -en alusión a la Asmblea Nacional Constituyente-, sin las condiciones antes mencionadas, de tanta importancia para el restablecimiento del orden democrático, un evento que tal como ha sido planteado carece de adecuados controles que garanticen la imparcialidad del organismo encargado de su ejecución, la neutralidad del Estado como un todo y la ausencia de presiones indebidas, así como la plena participación de todos los venezolanos mayores de edad, residentes dentro y fuera del país, y el efectivo aval de una observación internacional». Llamamiento de las Academias venezolanas En consecuencia, las Academias realizan un llamada pública sobre a tres destinatarios: -A los representantes del Poder Electoral: a actuar en estricto apego a la Constitución, las leyes y la imparcialidad e independencia que lo han de caracterizar. -Al Gobierno venezolano: a respetar la Constitución, el Estado de Derecho y los derechos políticos de los ciudadanos, así como garantizar la neutralidad del Estado en un tema tan delicado para la vida institucional, como lo es generar credibilidad de los resultados dentro y fuera de las fronteras patrias. -A los dirigentes, organizaciones políticas, actores diversos de la sociedad civil y a los electores, «víctimas de la terrible situación que padecemos»: a convertir este momento en poderosa fuerza impugnadora del orden actual, a unirnos en un frente único que de manera dinámica rechace la participación electoral en las condiciones actuales, por ser unas elecciones cuestionadas y apresuradas, de negativa proyección para el futuro del país, la convivencia política, la paz social y la estabilidad económica. Firman la nota en Caracas, con fecha 20 de febrero de 2018, Horacio Biord Castillo, presidente de la Academia Venezolana de la Lengua; Inés Quintero Montiel, directora de la Academia Nacional de la Historia; Alfredo Díaz Bruzual, presidente de la Academia Nacional de Medicina; Gabriel Ruan Santos, presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; Gioconda Cunto de San Blas, presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; Humberto García Larralde, presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas, y Gonzalo Morales, residente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat.